Hoy conocemos que el Gobierno ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de Verifactu, el sistema que debía garantizar la trazabilidad y autenticidad de las facturas. Lo que ayer era urgente y obligatorio, hoy se convierte en “ya veremos en 2027”. ¡Hoy es 2 de diciembre!
Este tipo de decisiones, tomadas a golpe de decretazo, generan una sensación clara: inseguridad jurídica. Las empresas y profesionales invertimos tiempo, recursos y dinero para adaptarnos a normativas que cambian sin previsión ni consenso. ¿Cómo planificar estratégicamente si las reglas del juego se modifican de la noche a la mañana?
La digitalización y la lucha contra el fraude son necesarias, pero también lo es la estabilidad normativa. Sin ella, la confianza se erosiona y la competitividad se resiente.
